Amigos,
Algunas impresiones de don Jorge Guardia extraídas de su columna de Opinión de La Nación (San José de Costa Rica), a la luz de los dimes y diretes de la reforma tributaria en Costa Rica.
Cómo nos atora el gobierno y cómo estamos atados de mano aquellos que generamos nuestros ingresos "en la calle".
Todo es tan claro y en realidad, tenemos tan pocas herramientas para lograr que la naturaleza de esta ley se base en principios de equidad y proporcionalidad, aquellas personas que le huímos al sector público y que, lamentablemente, no somos tan "cool" para generar nuestros ingresos por medio de rentas.
Saludos,
Ignacio Guzmán
En Guardia
Jorge Guardia abogado-economista jguardia@nacion.com 17/01/2011
La reforma fiscal sometida por el Gobierno a la Asamblea Legislativa contiene cuatro componentes esenciales: dos buenos, uno flojo y otro malo. Voy a ofrecer a mis lectores una opinión preliminar de cada uno, bajo la promesa de soltar después la carga final.
Los buenos son la transformación del impuesto de ventas en uno al valor agregado (IVA) y las reformas al Código Tributario. El primero ya lo comenté anteriormente. Solo quiero enfatizar la urgencia de fijar la tarifa en 15%, según las modernas tendencias. El segundo también es esencial para evitar la evasión, y lo resumo así: operación atornillador (Screw the taxpayer, dicen los gringos en doble sentido).
El flojo es la declaración de no nombrar nuevos servidores en el Gobierno. No lo he visto, todavía, como decreto publicado en la Gaceta para obligar a los ministerios, ni una directriz vinculante para los entes descentralizados, conforme a la LGAP. Presumo que será violado por todo lado (Screw the Government). Tampoco he visto ninguna acción ni enunciación para disminuir el tamaño del Estado, suprimir programas o instituciones, reacomodar plazas o trasladar funciones al sector privado (sin chorizo, desde luego). La pretendida reforma fiscal es flojita, flojita.
Pero la que más desasosiego me causa es la reforma al impuesto sobre la renta. Favorece a los ricos (que perciben ingresos del capital); atornilla a los profesionales y clase media (Screw the middle class); y se enseba en los asalariados al conferirles la misma tarifa máxima que a los capitalistas (Screw the working class). Ignora, además, los principios esenciales de renta universal y mundial –indispensables para definir la verdadera capacidad de pago– y olvida las nuevas tendencias sobre la tarifa empresarial. Todo contradice la justicia y equidad que consagra la Constitución y rescata la Sala IV (Screw Justice).
Para ilustrar la discriminación, voy a poner el ejemplo de cuatro contribuyentes que perciben el mismo ingreso mensual (¢6.000.000). El primero, capitalista, sacó su dinero del país y recibe ingresos del exterior; el segundo, también capitalista, devenga intereses, dividendos o ganancias de capital; el tercero es un asalariado (podría ser la presidenta de la República); y el cuarto, un profesional independiente que se suda la chaqueta y declara los seis milloncitos al mes. Todos tienen la misma capacidad de pago y deberían pagar igual. Pero no. El primer ricachón no paga nada (ni cuita); el segundo, solo un 15%; al asalariado lo tratan igual o peor que al rico; y al profesional lo clavan con un 30%. Como decían los liberales de antaño: báilenme ese trompo en la uña.
