Managua llama de regreso a sus obreros en Costa Rica

País vecino tras operarios, soldadores y electricistas a partir de junio entrante

Gremio costarricense no percibe amenaza para el sector

La Cámara Nicaraguense de la Construcción se alista para hacer un llamado a obreros especializados que viven en el extranjero, principalmente en Costa Rica, a que regresen a trabajar a su país en próximos proyectos de vivienda, turismo y obra pública.

Así lo confirmó a La Nación, vía telefónica desde Managua, Mario Zelaya, presidente de la gremial, quien adelantó que el llamado lo harán a partir de junio próximo.

El ejecutivo indicó que a mediados de este año su país experimentará un repunte en el sector, con el levantamiento de importantes obras en distintos puntos del país, y que en total se estima una inversión de $1.200 millones.

Mencionó, por ejemplo, el nuevo complejo turístico Guacalito de la Isla, en Tola, departamento de Rivas, fronterizo con Costa Rica.

Este proyecto estará a cargo de Grupo Pellas y tiene un costo estimado en $250 millones, según informes de la prensa local.

También apuntó otras obras como la planta hidroeléctrica Tumarín, en Matagalpa (norte), que requerirá una inversión de $700 millones, de acuerdo con El Nuevo Diario.

Destacó, asimismo, varios proyectos hoteleros en Managua (que no detalló), la construcción del nuevo complejo de la Corte Suprema de Justicia y el mantenimiento de varias plantas de energía y del sistema de aguas.

Especializados. A pesar de que Nicaragua cuenta con una mano de obra para la construcción estimada por Zelaya en 70.000 trabajadores, aseguró que su país requerirá, inicialmente, de cerca de 1.500 obreros especializados, que no hay allá.

Aseguró que, con el llamado que harán en junio entrante, esperan contratar operadores de maquinaria pesada (buldócer o niveladoras de tierra), electricistas, soldadores, fontaneros, albañiles, carpinteros y armadores en hierro, entre otros.

Zelaya aseguró que la Cámara Nicaraguense de la Construcción apelará a aquellos trabajadores que se encuentran en Costa Rica, Panamá o El Salvador de manera temporal.

“No queremos que los compatriotas se nos vengan en estampida y que dejen abandonados los proyectos en los que están trabajando en Costa Rica o en cualquiera de los otros países. Esto será un proceso ordenado y que lanzaremos a nivel regional en su momento”, dijo.

Al preguntarle por los incentivos que ofrecerán para lograr una respuesta positiva, indicó que el “mejor aliciente es que tengan trabajo y estén cerca de su familia”.

Zelaya agregó que los trabajos que ofrecerán están previstos para que sean sostenibles en el tiempo y que estén vigentes, al menos, por tres años. “No vale la pena ofrecer trabajo solo por dos o tres meses”, indicó el ejecutivo.

Reacción en el país. Consultado sobre los posibles efectos de este llamado en nuestro país, Rándall Murillo, director ejecutivo de la Cámara Costarricense de la Construcción, se mostró tranquilo.

Dijo que el sector costarricense se recupera de manera sostenida y que, al cierre del 2011, estima un crecimiento en la construcción de un 12% respecto al 2010.

Explicó que actualmente hay varios proyectos en marcha, como lo son varias torres de apartamentos en el paseo Colón y Rohrmoser; la ampliación del centro comercial Multicentro, en Desamparados, y la construcción del nuevo centro comercial Plaza Lincoln, en Moravia, solo por mencionar algunos en el área metropolitana.

“No se puede ser mezquino. Es saludable para todos tener vecinos saludables. Lejos de ver este llamado como una amenaza, el repunte de la construcción en Nicaragua es una oportunidad de negocios para empresas de Costa Rica”, apuntó.

Datos de la Cámara indican que aquí hay cerca de 120.000 personas dedicadas al sector de la construcción, y de ellas el 30% o 40% son nicaraguenses (entre 36.000 y 48.000).

Aseguró que el porcentaje de obreros nicaraguenses especializados es bajo en comparación con los nacionales, aunque no dio cifras

La Nación de Costa Rica, 28 de febrero, 2011.

Indígenas de Costa Rica piden detener mayor hidroeléctrica de Centroamérica

SAN JOSÉ. Representantes indígenas de Térraba, en el sur de Costa Rica, demandaron al estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cancelar la construcción de una planta hidroeléctrica, la más grande de Centroamérica, que denunciaron anegará una extensa porción de sus reservas.

Uno de los denunciantes, Elides Rivera, aseguró que el ICE usurpó los territorios donde se construirá la planta Diquís, que anegará 7.600 hectáreas, 10% de las cuales pertenecen a reservas de poblaciones indígenas.

El ICE estimó el costo de la obra en 2.072 millones de dólares y aseguró que el territorio indígena que incluye el proyecto son 915 hectáreas, el cual no es habitado de forma permanente.

“Según las proyecciones, se estima que el proyecto hidroeléctrico Diquís será el más grande de Centroamérica y permitirá al país garantizar la disponibilidad de energía eléctrica, limpia y renovable”, según detalles del proyecto dados a conocer por la institución.

Diquís tendrá su sitio de presa en el río General Superior, a unos 10 km de la ciudad de Buenos Aires de Puntarenas, y a unos 200 km al suroeste de la capital.

Su producción será de 3.050 gigavatios por año, de acuerdo con datos del ICE, y con su generación se beneficiará más de un millón de clientes.

Chartes cities: innovación en Honduras

Debo reconocer que no conozco mucho sobre el proyecto, pero me veo en la obligación de incorporarlo a mi blog luego de mi almuerzo con hondureños esta tarde. Esperemos lo mejor para este país que ha sido lastimado por las malas administraciones políticas, pero con gente trabajadora y emprendedora.

33 kilómetros donde la inversión fluye, es un “sueño catracho”: Lobo

TEGUCIGALPA.- El Presidente Porfirio Lobo Sosa, defendió este martes el proyecto de Ciudad Modelo que será “un lugar donde la inversión fluye” después de ser “33 kilómetros haciendo nada”, se convertiría en un sueño catracho, en alusión al “americam dream” o “sueño americano”.

Así también, exhortó al Congreso Nacional a que lo apruebe pese a las críticas recibidas en relación a la supuesta violación de la soberanía nacional.

Porfirio Lobo

El Gobierno impulsa el proyecto de instalar las denominadas “Charters Cities” en una zona de 33 kilómetros cuadrados, y estudia las probables zonas que podrían definirse para arrancar dicho proyecto, luego de que el Legislativo lo apruebe.

Lobo Sosa aseguró que con esta propuesta, se permitirá cumplirle al pueblo con la generación de empleo y riqueza para el país. “Piensen en un lugar donde la inversión fluya, son 33 kilómetros que no están haciendo nada”, añadió.

“Quisiera hacer un diamante en toda Honduras, pero no puedo hagamos el experimento en un pedacito de tierra, para que aprendemos como se hacen las cosas (…) que no es más que la punta de un lápiz en comparación con toda Honduras”, manifestó en una conferencia de prensa desde Casa Presidencial.

“ÉXITO COMPROBADO”

Para el mandatario un ejemplo claro de este éxito es lo que ocurrió en China Hong Kong “China ha progresado y los tenemos aquí vendiendo”.

Para Lobo, es necesario “cambiar hoy o nos hundimos y nuestra gente sigue sufriendo”, “no estoy arriesgando nada porque es un pequeño espacio del territorio, no pierdo soberanía, no fuerzo a nadie a vivir ahí, (aunque) claro que muchos se van a ir a vivir ahí bajo reglas diferentes que le van a permitir que progrese esa porción”.

“Si no nos tiramos seguimos haciendo más de lo mismo y nuestra gente ya no aguanta más, osea probemos son 33 kilómetros que no hay nada, que nos da esperanzas del futuro, cosas que se han probado que han tenido éxito en China, Singapur y diferentes lugares”, añadió.

“Nos gustaría tener un lugar aquí en Honduras, 33 kilómetros en un cuadro, donde la gente pueda llegar libremente, y que nadie lo obligue a nada, yo les digo que si no arriesgamos no vamos a progresar, tenemos que arriesgarnos y sí hay algo que está probado que resulta y es exitoso” apuntó.

EMIGRACIÓN

Asimismo destacó que esta iniciativa busca reducir la migración rumbo a Estados Unidos, puesto que tendrá un lugar a donde venir en su propio país, “sin riesgo, libre de llegar, de salirse porque es ridículo que hoy en un mundo globalizado, los seres humanos no tengamos el derecho de vivir donde nos dé la gana, es injusto”.

Comentó que “el Estado hondureño no perderá su soberanía” y explicó que la inversión extranjera no fluye a Honduras, lo que quiere decir que en ese pequeño espacio, donde no estamos haciendo nada, se convertiría en un sueño catracho, “el país que quisiéramos ver, porque al final el éxito de un modelo se mide por los resultados”.

Ejemplifico que para la construcción de la represa Patuca III se emplearán unas 4,000 personas pero en esta ciudad serían miles y una vez construidas las fábricas, aeropuertos, puertos generarán más empleo.

Se trata de un acuerdo entre el gobierno de Honduras y los que viven en esa zona bajo un régimen especial. “Los hondureños van a poder vivir en libertad, y aspiro a que en lugar de irse a Estados Unidos, donde sufren todo tipo de situaciones reñidas con la dignidad humana, puedan ir a ese espacio, pero sea aquí en el territorio nuestro, bajo reglas especiales”.

CONDICIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD

Los que vayan a vivir ahí si no les gusta se regresan pero la entrada va a ser libre para los hondureños y bajo condiciones especiales, porque ese es territorio nuestro y con un sistema especial de seguridad, porque va a ver cero delincuencia y donde todo lo que construyan ahí se quedará.

“Al final el modelo nuestro ha demostrado que no es exitoso, sino aquel que permite que las condiciones de su pueblo mejoren, les invito a que soñemos para que todo aquello que nos ata aquí, que nos afecta para que venga, lo tenemos en ese pequeño espacio”, expresó.

“Dejemos que el Congreso apruebe en esa legislatura el tema de las ciudades modelos, porque tiene que ser ratificado en la siguiente legislatura y si perdemos esa oportunidad nos llevaría a que ratificamos extra decreto en la legislatura del 2012”.

Según el titular del Ejecutivo, en ese territorio “no hay delincuencia”, además la educación será “clase A”, así como las condiciones de salud, vivienda y tribunales, donde los propietarios de las tierras pueden decidir si vender o alquilar sus tierras y lo que se construya ahí se quedará.

Fuente: Diario La Tribuna, Honduras. 18 de enero de 2011.