Mediante decreto, el Ejecutivo declaró de interés público revivir el mercado de valores costarricense, cuyo desarrollo se ha estancado
Los principales obstáculos al desarrollo del mercado bursátil son los altos costos para las empresas del registro y cotización de las acciones, así como la tramitología
El Gobierno de la República, por medio del presidente
en ejercicio, Luis Liberman, emitió un decreto ejecutivo que declara de
interés público revivir el mercado de valores costarricense, cuyo
desarrollo se ha estancado. Es una buena decisión. Las bolsas de valores
en todos los países desempeñan un papel trascendental en la
canalización de fondos financieros y, por ende, en la eficiente
asignación de recursos, incremento en productividad, crecimiento
económico y generación de empleo. Costa Rica no se debe quedar atrás.
El decreto no describe en detalle cómo se planea
revitalizar el mercado de valores. Ese no es su objetivo inmediato sino,
más bien, crear condiciones para la elaboración de un proyecto de ley
destinado a modificar la legislación actual. Con ese y otros propósitos,
se integró una comisión de expertos –el Consejo Nacional para el
Desarrollo del Mercado de Valores– cuya misión es analizar la
problemática, hacer un diagnóstico a profundidad y presentar las
reformas legales pertinentes, al finalizar el año.
En
la comisión estarían presentes personas de reconocida capacidad y
conocimiento, como José Rafael Brenes, gerente de la Bolsa Nacional de
Valores, Álvaro García, presidente del Consejo Nacional de Supervisión
del Sistema Financiero (Conassif) y Pablo Montes de Oca, presidente de
la Cámara Nacional de Fondos de Inversión, entre otros. Sus
calificaciones personales y experiencia en diversas áreas del ámbito
financiero le auguran al Consejo éxito en sus recomendaciones.
Correspondería, entonces, al Poder Ejecutivo incluirlo en un lugar
prioritario de su agenda, y a los diputados de la Asamblea Legislativa
tramitar las reformas sin mayor dilación.
Sin
perjuicio de lo que eventualmente recomiende el Consejo y de la
asistencia técnica que se pueda recabar en el exterior, particularmente
de organismos internacionales especializados como el Banco Mundial, y
los análisis de legislación comparada de otros mercados de valores
latinoamericanos más exitosos, se pueden emprender desde ya varias
modificaciones reglamentarias y administrativas , como lo han señalado
los propios personeros de la Bolsa. Uno de los principales retos es
incrementar y diversificar los títulos transados, engrosar el número de
emisores, ofrecer más variedad de títulos nacionales e internacionales
para satisfacer las diversas necesidades de inversionistas grandes y
pequeños, y avanzar en el asesoramiento a todos los que, por alguna
razón, han estado ausentes de la Bolsa.
Los
principales obstáculos al desarrollo del mercado bursátil, a nuestro
juicio, son los altos costos para las empresas del registro y cotización
de las acciones, así como la tramitología, suministro de información y
otros requisitos que regularmente se deben satisfacer ante la
administración de la Bolsa Nacional de Valores y otras entidades
reguladoras oficiales. Sabemos que muchos de estos requisitos igualmente
engorrosos se exigen en las bolsas de países más avanzados, pero para
un país como el nuestro, con un incipiente desarrollo en esa materia,
deben suavizarse.
No abogamos por relajar
indebidamente la protección a los inversionistas, sino por acomodar los
estándares a nuestras capacidades. Y eso incluye el suministro de
información contable y financiera y los estados auditados de contadores
públicos autorizados. Las calificadoras de riesgo también deben ajustar
sus estándares de conformidad con lo señalado. Ser demasiado rigurosos
desincentiva la inscripción e incrementa el costo indirecto de la
participación.
Reducir costos administrativos y
aligerar la tramitología es fundamental para incentivar la participación
bursátil, sobre todo ahora que ha bajado (relativamente) el costo del
endeudamiento bancario, principal competidor de las bolsas de valores.
Si endeudarse con las entidades financieras es relativamente más barato
que flotar emisiones de acciones en el mercado bursátil, como sucede
actualmente, entonces las empresas continuarán endeudándose en vez de
abrir su capital a otros inversionistas nacionales o extranjeros, sobre
todo si, al hacerlo, pueden deducir de sus ingresos gravables el costo
de los intereses pagados a los bancos y demás entidades financieras. La
distribución de dividendos, en cambio, está sujeta al pago de impuesto
sobre la renta. Hay ahí otros elementos por discutir en el seno del
Consejo.
Gilberto Serrano, nuevo presidente de la
Bolsa Nacional de Valores, cuando se le preguntó por las causas del
abandono de la Bolsa por los emisores, respondió: “Si inscribirse y ser
regulado es difícil, nadie lo va hacer. El mercado de valores en este
momento compite con los bancos. Si una empresa requiere una línea de
crédito de $20 millones, va a un banco y se la aprueban rápidamente, le
cuesta poco y no tiene que reportar nada a ningún regulador. Un proceso
de inscripción de un título en bolsa puede durar un año, mientras un
crédito en un banco puede tardar dos meses”. He ahí una desafortunada
realidad, necesitada de urgente solución.
También
parece oportuna la observación formulada por las autoridades sobre la
inconveniencia de que la Bolsa de Valores continúe siendo una entidad
privada de propiedad de los bancos comerciales. Los bancos no han tenido
mucho interés en desarrollar el mercado bursátil, que facilita la
transferencia de recursos de ahorrantes a proyectos de inversión, porque
esa función la realizan ellos. Hay, por así decir, un conflicto de
intereses que en nada beneficia a las empresas ni al país. Es apropiado
que las autoridades se interesen por reformar el sistema, y esperamos
que pronto se den a conocer los cambios administrativos y los proyectos
de ley anunciados
Editorial del Periódico La Nación de Costa Rica. 4 de junio, 2012.
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