La Ley de Concesión del Gran Canal Interoceánico fue
aprobada el 13 de junio y hasta el viernes ya habían 17 recursos contra
ella.
La Ley de Concesión del Gran Canal Interoceánico se confirmó como la más recurrida del año en Nicaragua, al llegar a 17 el número de recursos por inconstitucionalidad en su contra. “Es la ley más recurrida del año”, comentó el secretario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rubén Montenegro, a periodistas.
El viernes el Poder Judicial recibió cinco nuevos recursos por inconstitucionalidad contra dicha ley, esta vez, de parte de pobladores de las provincias de Chontales, Rivas, Granada y Masaya, así como del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
Las quejas están relacionadas especialmente a la presunta violación de hasta 40 artículos de la Constitución Política de Nicaragua por parte de la Ley de Concesión del Gran Canal Interoceánico, que otorga la licencia de ejecución a la firma china HKND Group.
“La concesión del canal violenta los principios constitucionales, la soberanía nacional y los derechos ciudadanos de los nicaragüenses, tenemos reservas (de una solución favorable), pero nuestra obligación como ciudadanos es hacer el reclamo correspondiente y agotar la vía legal”, dijo el representante de los pobladores inconformes de Chontales, Rolando Meléndez.
El proyecto del canal de Nicaragua es unir los océanos Pacífico y Atlántico, permitir el paso de barcos más grandes que los que admite el canal de Panamá, además de ofrecer un ferrocarril, un oleoducto, dos puertos de aguas profundas, dos aeropuertos y zonas francas, a un costo de $40,000 millones. Para eso será necesario partir el país centroamericano en dos y utilizar aguas del Gran Lago de Nicaragua.
La fecha límite para presentar estos recursos es el 13 de agosto próximo. Después de esa fecha, la CSJ tendrá dos meses para decidir si la ley del canal es válida o no.
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