El Gobierno de Guatemala pretende contratar créditos
internacionales y emitir bonos para pagar una millonaria "deuda
flotante" que el Estado mantiene con constructores de infraestructura, y
financiar su presupuesto de 2013 antes de un agujero fiscal
La idea de "contratar deuda para pagar deuda" surgió en el despacho de Pavel Centeno, el ministro de Finanzas de la Administración del presidente Otto Pérez Molina, quien junto a sus asesores ideó la fórmula para "sanear" las finanzas públicas.
En total, el Gobierno requiere de unos US$880 millones, la mitad de los cuales pretende obtener por medio de la contratación de dos créditos internacionales, uno con el Banco Interamericano de Desarrollo, por US$237,2 millones, y otro con el Banco Mundial por US$200 millones.
Esos recursos, según el Ministerio de Finanzas, se requieren para financiar el presupuestos de gastos del Estado de este año, que se encuentra a punto de quedar desfinanciado debido a la caída de los ingresos fiscales, y así evitar un agujero que los expertos señalan podría llegar hasta el 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los otros 442,8 millones de dólares los busca conseguir con la colocación de bonos del tesoro nacional, parte de los cuales, justifica, servirán para pagar una millonaria deuda que el Estado mantiene con decenas de empresas constructoras, y el resto para la realización de nuevas obras.
La aprobación tanto de los créditos internacionales como de la emisión de los bonos del tesoro dependerá de la decisión de los diputados del Congreso quienes, se espera, inicien la discusión de estos temas la próxima semana.
Aunque la Junta Monetaria, el ente encargado de dirigir la política macroeconómica del país, se ha pronunciado a favor de ambos mecanismos de endeudamiento, la mayoría de cámaras empresariales, excepto la de la Construcción, cuyos miembros saldrían beneficiados, y expertos en el tema, se oponen a tales medidas.
Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo a Efe que el Gobierno podría incurrir en ilegalidades al contratar deuda para pagar la "deuda flotante", debido a que no se garantiza la transparencia del origen de la misma ni se justifica su destino.
Lo que el Gobierno pretende, explicó el experto, es "pagar compromisos de gastos realizado de manera ilegal, fuera del presupuesto", lo cual sería ilegal, incrementaría el déficit fiscal y pondría en aprietos la macroeconomía del Estado al elevar la deuda externa.
"Lo que se quiere pagar no es deuda, son contratos hechos fuera del presupuesto, y por lo tanto los guatemaltecos no deben cargar con esa responsabilidad con sus impuestos", indicó Barrientos.
Por su parte, una coalición de organizaciones sociales e institutos de investigación denominada "Alianza por la Transparencia", por medio de un comunicado advirtió esta semana que "realizar esos pagos sin sancionar estas ilegalidades fomenta la impunidad y la irresponsabilidad en el uso de fondos públicos".
El presidente Otto Pérez Molina, al defender la aprobación de los créditos y la emisión de bonos, dijo el viernes a los periodistas que con esas medidas su Gobierno "saneará" las finanzas del Estado, pagará la totalidad de la "deuda flotante" y "se apoyará el presupuesto" del Estado.
Sin embargo, un prestigioso grupo de economistas y analistas fiscales, denominado G-40, advirtió "de las consecuencias legales" que podrían derivarse hacia los funcionarios públicos que aprueben y paguen "deudas de origen espurio".
Según cifras oficiales, en mayo pasado la deuda externa de Guatemala se situaba en los US$13.157 millones, lo cual equivale al 23% de su PIB, y de ser aprobados los créditos, esta se incrementará a US$13.594 millones, que implica que el endeudamiento per cápita se ubicará en US$852.
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