Tomado de Exclusive Economy.
La reforma energética de México abre el sector
energético a la inversión privada, una opción que varios países emplean
ya abiertamente en la región para impulsar la explotación de sus
recursos.
Con esa reforma, que permitirá la participación privada en la explotación de petróleo, hasta ahora monopolizada por la estatal Pemex, México seguirá a gran parte de Latinoamérica, región que ocupa el segundo lugar en reservas de petróleo del mundo y que ha impulsado progresivamente la inversión de particulares en su actividad petrolífera y gasifera.
Países como Venezuela, Bolivia, Ecuador y el mismo México han sido los que hasta ahora han mantenido mayor control gubernamental sobre el sector, aunque paulatinamente han cedido a las alianzas público-privadas para promover la exploración.
Por ejemplo, en Venezuela, cuyos precios de la gasolina están entre los más baratos del mundo, se mantiene desde 2007, cuando el Gobierno nacionalizó los activos de las petroleras que operaban en la rica Faja del Orinoco, un esquema de alianzas público-privadas, en el que el Estado siempre tiene la mayoría accionaria.
Los recursos energéticos del país, un miembro de la OPEP que alberga las mayores reservas certificadas de petróleo del mundo, fueron nacionalizados en la década del setenta y desde 2001 existe una Ley de Hidrocarburos que reforzó la posición del Estado venezolano.
En el caso de Bolivia, que según la Encuesta empresarial 2013 de la firma Bnamericas sobre petróleo y gas se ubica en el tercer puesto entre los menos atractivos para emprender en esos sectores, tras Venezuela y Argentina, el Estado nacionalizó en 2006 los hidrocarburos y controla el sector eléctrico.
Esto tras la decisión del presidente Evo Morales de expropiar entre 2010 y 2012 empresas que eran operadas por las españolas Iberdrola y Red Eléctrica de España, la francesa GDF Suez, la británica Rurelec PLC y algunas otras firmas bolivianas.
Sin embargo, el Gobierno ha alcanzado acuerdos con petroleras extranjeras para que permanezcan en el país, aunque como socias minoritarias del Estado.
Cuba controla los precios de los combustibles y conserva también el monopolio de esos recursos, lo que abarca la administración de cuatro refinerías, tres empresas productoras y extractoras y una de gas manufacturado.
De todas formas, el Gobierno se abrió a la participación de empresas extranjeras, que desde hace varios años realizan exploración petrolera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Cuba en el Golfo de México.
La misma línea maneja Ecuador, el socio más pequeño de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que subsidia los combustibles y donde la energía es considerada un recurso estratégico del Estado, el cual mantiene el control del sector.
La empresa privada puede acceder a través de licitación y en el sector petrolero se aplican contratos de “prestación de servicios”.
Uruguay, que importa la totalidad del petróleo que consume, fundamentalmente desde Venezuela, está también del lado de los países en los que el Estado mantiene el monopolio en la producción y distribución eléctrica mediante la empresa UTE.
En cuanto al petróleo, solo está liberalizado la distribución minorista y el resto de actividades las ostenta la estatal ANCAP, que ha llegado a acuerdos con empresas privadas para exploración, aunque de realizarse un hallazgo, esas firmas serían socios para la explotación, pero no tendrían la propiedad de los pozos.
Otro ejemplo, es Honduras, donde en julio pasado el Parlamento aprobó una iniciativa que abría a la inversión extranjera la explotación energética, de recursos naturales y otros sectores; sin embargo, el presidente Porfirio Lobo no la sancionó y dejó al siguiente Gobierno la decisión.
En Argentina, no existe monopolio del Estado y operan 53 empresas, entre privadas, estatales y mixtas; pero YPF, controlada por el Estado tras la expropiación del 51 % a la española Repsol en 2012, es la mayor productora de hidrocarburos y la mayor comercializadora de combustibles, cuyos precios son controlados por el Gobierno.
La titularidad de las áreas de hidrocarburos las tienen las provincias y, en ese sentido, la mayoría de las petroleras estatales provinciales se ha asociado con privadas para la explotación, dejando a estos últimos la operación de los yacimientos.
En otro extremo están naciones como Brasil, Perú y Colombia, que se han abierto más fácilmente a la participación particular.
Brasil puso fin en 1998 al monopolio que tenía la estatal Petrobras en el país, aunque esta se mantiene como la mayor productora. Desde entonces la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) ha realizado doce subastas para exploración y explotación, que han permitido la entrada de numerosas multinacionales.
Colombia, donde la principal petrolera es la estatal Ecopetrol también se promueven las alianzas público-privadas; y Perú también tiene un sistema abierto a los privados.
En este último país no existe ningún control de los precios del combustible y hasta el momento tampoco alguna alianza público-privada (APP) sobre energía, aunque el actual Gobierno ha anunciado que pronto licitará proyectos de APP en esa área.
En Chile, donde la energía también es un sector abierto a los privados y no existe un monopolio del Estado, aunque constitucionalmente están restringidas las alianzas entre los dos, el precio del combustible lo controla el Gobierno.
En otra orilla está Paraguay, que no tiene petróleo y el que compra en el exterior lo gestiona a través de la estatal Petróleos Paraguayos (Petropar).
Costa Rica tampoco produce petróleo y tiene prohibida su exploración y explotación; sin embargo, mantiene el monopolio para el refinamiento de crudo, así como para la importación y distribución de combustibles y el sector de la electricidad.
En Nicaragua, aunque no existe monopolio en la generación, el Gobierno controla las importaciones petroleras, de donde sale hasta el 50 % de la energía que consume.
Nicaragua, Cuba y Honduras son algunos de los países que integran el Petrocaribe, una iniciativa de Venezuela para suministrar combustibles en condiciones ventajosas de pago como créditos blandos y bajas tasas de interés.
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