Moratoria en España a desahucios por vivienda
Medida regirá durante dos años y se aplicará a los pequeños propietarios endeudados que sean más vulnerables
Madrid. (AFP). En un contexto de fuerte presión
social, el gobierno español anunció este jueves una moratoria de dos
años para los deshaucios para los pequeños propietarios endeudados que
sean los más vulnerables, una medida de emergencia adoptada ante el
aumento de situaciones difíciles por la crisis económica.
Miles de familias puestas en la calle, incapaces de pagar sus deudas a los bancos, más dos pequeños propietarios amenazados de deshaucios
que se suicidaron recientemente, causaron viva emoción en España,
salpicando una crisis que lleva en sus entrañas una pobreza galopante.
Desde
el año pasado, las acciones puntuales de militantes antideshaucios
llegaron a bloquear o demorar un centenar de desalojos en todo el país.
Pero
las cifras son alarmantes: 350.000 órdenes de desalojo emitidas desde
2008, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria, que hundió a España
en la crisis. En 2012 su número volvió a aumentar un 20,6% respecto a
un 2011, que ya fue récord.
El
lunes, los bancos españoles, señalados culpables junto a los poderes
públicos, por los militantes encolerizados, anunciaron una moratoria de
dos años para los casos extremos.
El
jueves, el gobierno de derecha siguió los pasos, anunciando, "por
razones humanitarias" un dispositivo de emergencia a favor de "los
grupos más vulnerables", dijo su portavoz, Soraya Saenz de Santamaria.
Además
de la moratoria de dos años para los desalojos, el gobierno anunció la
creación de un "fondo de vivienda social" con alquileres a bajo costo
para quienes ya fueron deshauciados.
No
accedió, en cambio, a la exigencia de las asociaciones de anular los
créditos de las personas desalojadas, la mayor parte de las cuales,
arruinadas, deben seguir pagando los créditos, con los intereses por
atrasos.
Una campaña lanzada por
las asociaciones y sindicatos para pedir la anulación de los créditos y
la modificación de la ley ya obtuvo el respaldo de más de 600.000 firmas
en todo el país.
"Se trata de
medidas urgentes para colectivos vulnerables que la crisis golpeó con
fuerza", destacó el ministro de Economía, Luis de Guindos, después de la
reunión semanal del consejo de ministros.
Los
hogares afectados son aquellos con rentas que no superan los 1.597
euros mensuales, es decir unos 19.200 euros anuales, o aquellos que
tienen que reembolsar al banco sumas que superan el 50% de sus ingresos
netos, precisó el ministro.
Estas
familias deben ser también numerosas, o familias que cuentan con un
hijo de menos de tres años o una persona minusválida en más del 33% o
una persona dependiente, un desempleado al final de la prestación o una
víctima de violencia doméstica.
También podrán beneficiarse de la medida las familias monoparentales con al menos dos hijos a su cargo.
El decreto ley "da mandato al gobierno para que empiece a negociar la creación de un fondo social de viviendas", añadió.
"Es
decir un fondo de viviendas en estos momentos en posesión de las
entidades financieras de los bancos para que ponga a la disposición de
toda aquella gente se se ha quedado sin vivienda con un alquiler social
reducido", explicó.
El gobierno,
que estudia adoptar otras medidas, propuso una negociación con la
oposición socialista para llegar a un acuerdo en el Parlamento,
especialmente sobre la reforma de la ley sobre el crédito.
Pero
las negociaciones "deben continuar", reconoció Soraya de Santamaria,
mientras que el partido socialista destacó que existen "divergencias
importantes".
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