El problema se complica aún más por la baja tasa de crecimiento del país, que no supera el 2%, según PIB
El mandatario que se elija el 9 de marzo tendrá que lidiar con una creciente deuda pública que ya sobrepasa el 54 % del PIB, una preocupante deuda previsional y un gasto corriente que, por dedicarse en su mayor parte al pago de salarios y gastos en bienes y servicios, no deja casi nada para invertir en infraestructura.
Estas variables plantean un complejo desafío para Norman Quijano, candidato del partido ARENA, y para Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, sobre todo porque se desconoce como costearán los diferentes programas sociales que han prometido, y si el próximo gobierno tendrá capacidad de negociación para lograr un acuerdo entre todas las fuerzas del país, sobre todo en relación con la inversión privada y el marco legal respectivo.
Más allá del antecedente fallido de un pacto de sostenibilidad fiscal (a finales de 2012), por el cual se perdió el acuerdo precautorio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se debe de resolver la crisis financiera del Estado porque las reformas fiscales de 2009 y 2010, a juicio de varios economistas, ya dieron sus resultados y existe un problema de liquidez que no permitirá maniobrar al próximo gobierno, a tal punto que podría caer en la tentación de contratar más deuda para ejecutar algunas medidas.
Pero acá el problema radica en la insostenibilidad de seguir financiando la caja del Estado con más deuda, la cual llegará a un 55,6% del Producto Interno Bruto (PIB) a finales de 2014, según estimaciones del Ministerio de Hacienda.
Solo en el rubro de gastos, el gobierno salvadoreño abarcó en 2013 cerca del 88% del presupuesto anual, sobre todo en pago de sueldos y salarios que representaron cerca del 29% del total erogado, más otro 10% en la adquisición de bienes y servicios, las transferencias corrientes el 22%, las amortizaciones de deuda pública el 11% y el pago de interés y seguros llegó a un 13%.
Ante dichos escenarios, el economista Manuel Hinds afirmó que el gobierno de Mauricio Funes ha "disminuido" la magnitud del problema cuando separa el déficit de la deuda previsional de más de US$21.000 millones (9% del PIB), deuda que se ha heredado del antiguo sistema de pensiones que administraba el ISSS e INPEP.
"Yo creo que el problema más grande de este gobierno es su excesivo gasto corriente y las transferencias. Nunca mejoró la eficiencia del manejo de fondos, sino que también se olvidó de la austeridad. Eso es clave en cualquier gestión pública cuando se piensa a largo plazo", reflexionó.
En este sentido cabe mencionar que la inversión pública, pese a las necesidades de la sociedad, ocuparon apenas un 12%, y los subsidios, estimularon el crecimiento total de un 42% del gasto, confirman cifras del Banco Central de Reserva (BCR).
Por su parte, Rigoberto Monge, economista y asesor de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), dijo que el déficit con el endeudamiento tiene una relación directamente proporcional, es decir, que los ingresos del Estado están creciendo a menor velocidad de lo que hace el gasto, detalle que está vinculado a una economía de débil crecimiento y una estructura tributaria con pocas posibilidades de mejora, más allá de nuevos impuestos, incluso al consumo.
"Lo que deja (el presidente) Funes es una gestión con bajo crecimiento económico y esto, de por sí, refleja el estancamiento hasta en la gestión del Estado. Es un fenómeno complejo que implicará compromiso político por parte del nuevo presidente, pero solo puede gestarse entre todos los actores sociales", subrayó Monge.
Ante eso, no hay duda de que los ingresos fiscales han estado creciendo pero en una forma menos dinámica que el volumen de gasto, lo que ha estado manteniendo un déficit fiscal promedio de alrededor del 4% del PIB, durante la gestión Funes, más la imposibilidad de mejorar el crecimiento económico por un modelo demasiado vinculado al consumo y no a la producción. "Seguir está dinámica es riesgoso porque el país quiere sobrevivir al déficit contratando más deuda. Y el ministro (de Hacienda) siempre dice que hay que renegociar la deuda cuando el país puede pagarla, solo debe de pedir plazos porque los intereses a corto plazo no han cambiando", analizó Hinds.
Mientras tanto, el gobierno sigue realizando emisiones de Letras de Tesorería (Letes) como el mecanismo más factible de cubrir déficits temporales de caja. Son US$715.4 millones, mientras el gasto y las transferencias siguen igual, a raíz de la discrecionalidad y los pocos controles de ley.
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