"Nosotros creemos que las empresas golpeadas van a ser las más pequeñas", subrayó ayer el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán.
El líder de la gremial añadió que la iniciativa gubernamental tendría un efecto inflacionario debido al poco plazo que se le otorga al sector privado de ajustarse para hacer dichos aumentos.
La propuesta a la que había llegado el sector privado y el laboral en el Consejo del Salario Mínimo (CSM) hace ya varias semanas era el de hacer un incremento del 12% repartido entre junio de 2013 y enero de 2015.
Este año, en junio, se haría un incremento del 4 %; otro 4 % el 1 de enero de 2014 y el restante 4 % el 1 de enero de 2015.
Sin embargo, el presidente de la República, Mauricio Funes, rechaza el acuerdo del Consejo y ha propuesto que el aumento se realice en 12 meses, bajo el argumento de que "resta un efecto real al aumento salarial", de acuerdo con el portal de noticias oficial Transparencia Activa.
Para Funes, el aumento debería realizarse de la siguiente forma: un 5 % a partir de junio de este año, otro 5 % en enero de 2014 y el restante 2 % el 1° de junio de ese mismo año.
Se espera que el mandatario envíe esta observación en los próximos días.
Luego de recibirlas, el ministro de Trabajo, Humberto Centeno, deberá convocar a una nueva reunión del Consejo para discutir los cambios sugeridos por el Ejecutivo.
"El señor presidente sabe que esa propuesta remitida a él de acuerdo a la ley es inconveniente para los trabajadores", defendió Centeno, quien también señaló que de aprobarse el aumento en 18 meses no se podría negociar otro incremento dentro de tres años, sino hasta 2018.
Sin embargo, dentro de sus observaciones, Funes anunció en su programa radial de los sábados que ya contempló esa situación y ha solicitado que se estipule que aun cuando el acuerdo finalice en 2015 se podrá discutir un nuevo incremento en 2016 y no hasta 2018.
Otra de las preocupaciones que cierne sobre la empresa privada es el decreto 208 aprobado por la Asamblea Legislativa en noviembre pasado y que declaró el 17 de junio como asueto nacional por el Día del Padre. La ASI ha insistido en que dicha decisión afectará la productividad de las empresas, que no tenían contemplado dentro de sus presupuestos un pago extra, y pone en riesgo el cumplimiento en los plazos de entrega al sector exportador.
El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Daboub, dijo la semana pasada que permitir el nuevo feriado le costaría al país US$12 millones.
Se espera que en la plenaria de esta semana, los diputados decidan la conveniencia de reformar el decreto 208.
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