Los diputados reformaron tres leyes relacionadas con el ahorro, estabilidad y generación de energía y que fueron propuestas por el presidente Daniel Ortega con el objetivo de mantener ese beneficio al 82% de los consumidores de electricidad.
Los diputados oficialistas que suman 63 votos de los 92 que hay en el plenario, fueron los que impusieron la reforma, a pesar de que los diputados opositores solicitaron que se declarara "insuficiente" porque no fue consultada con todos los sectores, entre ellos los defensores de los consumidores.
"Esto (el subsidio) favorece a ocho de cada diez nicaragüenses y no hay razón para no extender el plazo de ese beneficio", dijo la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Energía y Transporte, y diputada oficialista Jenny Martínez.
La bancada oficialista no aceptó ninguna de los mociones presentadas por los diputados opositores y se aprobaron tal y como fueron enviadas por Ortega.
El diputado de la opositora Bancada Democrática Nicaragüense, Luis Callejas, dijo que debería ampliarse el tiempo de consultas para este paquete de reformas. "No creemos que corriendo en la aprobación de las leyes de trascendencia en la vida de tanta gente sea lo correcto, pero estamos ante una mayoría que solo impone sus criterios", señaló.
Además de ampliar por dos años el subsidio a los usuarios del servicio que consumen menos de 150 kilovatios hora, también elimina una deuda de dos millones de dólares que tenía en multas la antigua distribuidora española Unión Fenosa-Gas Natural y que heredó la nueva empresa de origen ibérico TSK Melfosur.
La ley obliga a esa empresa a realizar inversiones de 75 millones de dólares en un período de cinco años para mejorar y ampliar el servicio que se presta actualmente. TSK Melfosur no ha reaccionado a la decisión del Parlamento nicaragüense.
"Creemos que es una buena decisión, porque la ley beneficia a la gente más pobre del país y obliga a TSK a invertir en mejoras del servicio", dijo a la AP, Marvin Pomares del Instituto Nicaragüense de Defensa del Consumidor.
José Adán Aguerri, el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, dijo a la prensa local que aunque los subsidios "no son sanos porque fomentan derroche", el fin de la ley es otorgar beneficio a las más de 600.000 familias nicaragüenses que consumen como máximo los 150 kilovatios hora.
"Esto debe llamar a la reflexión para incrementar la cultura del ahorro, porque subsidio no debe significar desperdicio de energía", dijo Aguerri.
La reforma establece sanciones de cárcel para quienes realicen una conexión ilegal de energía y no solo para quien consuma ilegalmente.
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