COMEX califica la medida como "desafortunada" e imprudente
Archivo.CRH
Según el alcalde, la ley viola los artículos 13, 169, 170, 175 y 190 de la Constitución Política, porque en su aprobación no se consultó ni se otorgó audiencia a las municipalidades, lo que las dejó desprotegidas.
Alvarado impugna las normas debido a que extienden el plazo de vigencia de los incentivos previstos en los incisos d), g), y h), del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas.
El artículo se refiere, en el inciso “d”, a la exención del pago de impuestos sobre el capital y el activo neto, del pago del impuesto territorial y del impuesto de traspaso de bienes inmuebles, por un período de diez años a partir de la iniciación de las operaciones,.
En el inciso “g” se plantea el beneficio de no pagar el gravamen municipal sobre el capital y el activo neto, el impuesto territorial y el impuesto de traspaso de bienes inmuebles, todos por un periodo de diez años a partir de la iniciación de las operaciones,
Plantea además una exención de todos los tributos a las utilidades, así como de cualquier otro cuya base imponible se determine en relación con las ganancias brutas o netas, los dividendos abonados a los accionistas o ingresos o ventas, haciendo la diferenciación de que a las zonas con alto desarrollo se les aplica la exención del 100% del pago por 8 años y del 50% por dos años.
Finalmente, en el inciso “h”, establece la exención de todo tributo y patente municipal por un período de diez años. “Las empresas a que se refiere este artículo deberán cancelar los servicios municipales del que hagan uso. En este caso, la municipalidad respectiva podrá cobrar hasta el doble de las tarifas establecidas por ley para esos servicios. No obstante lo anterior, las empresas establecidas en las Zonas Francas quedan autorizadas para contratar esos servicios con cualquier persona física o jurídica”, dicta la ley.
De acuerdo con el alcalde Alvarado, el problema de la legislación es que les permite a las empresas evadir el pago de impuestos por todo el periodo en que estén instaladas en el país y pone como ejemplo una compañía productora de tazas, que se exonera durante 10 años, pero después de este periodo alegan que diversificaron la producción a cucharas y se les exonera por 10 años más.
Alega que si se les hubiera consultado a las municipalidades cuando se hizo la reforma en el 2010, la historia sería otra, pues hubieran llegado a una negociación.
“Esa Ley nunca fue consultada a las municipalidades. No estamos en contra de la Ley de Zonas Francas, lo que si es que deberían de ser consultadas, la Ley debe de consultarse. Me parece que es una mala señal el haber hecho la ley sin consultarla a las municipalidades, estoy seguro que si se hubiera consultado llegamos a una negociación”, afirmó el jerarca municipal.
Por su parte, el ministro de Comercio Exterior Alexander Mora afirmó que la solicitud que hace Alvarado es una mala señal para la inversión extranjera y se da en un muy mal momento, pero alega que confía en que la Sala Constitucional declare la acción sin lugar.
“A mí me parece que es una acción que no es la más afortunada, el momento tampoco es el más afortunado, pero estoy convencido de que la Sala Constitucional lo va a resolver, esta discusión y perspectiva que tienen algunas municipalidades del país de que hay aspectos de la ley que rozan con la constitución. Hemos estado analizando el tema, estamos seguros de que eso no es así, esperamos que la Sala así lo determine, y pues para la inversión extranjera directa, hay un interés en seguir este tema”, afirmó el Ministro.
La Sala Constitucional dio curso a la acción y brindó audiencia a la Procuraduría General de la República y al Ministro de Comercio Exterior (COMEX) para que se refieran al tema.
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