Los altos niveles de inseguridad y criminalidad ya
obligaron a huir del país a unos 5.000 pequeños empresarios junto a sus
familias, según resultados de un estudio realizado por el Consejo
Nacional de la Pequeña Empresa de El Salvador (Conapes).
El presidente de Conapes, Ernesto Vilanova, explicó que este es uno de los principales resultados arrojados por el estudio, en el que participaron 1.050 pequeños empresarios, quienes evaluaron también las pérdidas que el sector presenta, producto de la falta de seguridad y el acoso de las pandillas.
“La fuga de pequeños empresarios ha empezado a partir de enero, este año no habíamos tocado ese tema porque no le habíamos dado importancia, pero ahora en la zona Central y Oriental del país es donde más fuga de pequeños empresarios hay en este momento”, dijo.
Según el líder de la gremial, muchos empresarios tuvieron que vender sus bienes y cerrar los negocios, con destino hacia países como Nicaragua, Guatemala o Estados Unidos.
El tipo de empresarios es variado, afirmó Vilanova, desde el sector informal de comercio, pasando por industrias como las panaderías y el sector transporte.
“Cada pequeña empresa tiene además dos o tres empleados y al cerrar, hay gente que queda sin trabajo”, recordó. Hasta mediados de mayo, se estimaba que el número de negocios obligados a cerrar, ascendía a 1.500.
Las estadísticas de Conapes revelan también que unos 47 pequeños empresarios han sido asesinados en lo que va del año, al incumplir con el pago a los pandilleros de la llamada “renta”, convirtiendo al período entre marzo y mayo de 2014 como uno de los más violentos.
“Hemos considerado que quedamos más pobres que ayer, con la vida en un hilo por el alza de los homicidios, inmersos en una crisis sin precedente desde el punto de vista económico y de seguridad, y sobre todo, con incertidumbre”, dijo Vilanova, en referencia al cierre de la actual gestión del presidente de la República, Mauricio Funes.
Por tal razón, los pequeños empresarios insistieron en la necesidad de que el nuevo Gobierno combata efectivamente a la delincuencia y les asegure un ambiente para seguir funcionando.
“Rechazamos totalmente la posición de que la delincuencia tiene tinte político, yo creo que evaluarlo así, es absurdo”, acotó Vilanova.
Deuda a proveedores asciende a US$39 millones
• El presidente del Consejo Nacional de la Pequeña Empresa (Conapes), Ernesto Vilanova, afirmó ayer que el actual Gobierno adeuda US$39 millones a diversos proveedores privados. De ese total, el 10% corresponde a pequeños empresarios que se encargan de elaborar los uniformes y el calzado que cada año distribuye el Gobierno de manera gratuita.“Tienen cinco meses que nos les han cancelado y el promedio de contratos anda por US$15.000 cada mes, es decir, que son casi US$70.000 que tienen algunos empresarios que no les pagan”, detalló Vilanova.
Según él, un 72% de los pequeños empresarios que poseen este tipo de contrato con el Gobierno está afiliado a Conapes. La mayoría, añadió, piensan en no continuar bajo este tipo de contratos, debido a esta clase de problemas y atrasos.
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