Por Alfredo Jiménez Pereyra - Los Tiempos - 27/05/2013
El exdictador de Guatemala Efraín Ríos Montt participa del juicio en su contra, el pasado 9 de mayo. - Ap Agencia
El lunes pasado, el Tribunal Constitucional de Guatemala decidió anular la sentencia contra Ríos Montt, argumentando que los recursos que había presentado la defensa del militar retirado eran irregularidades.
Los magistrados se habían visto presionados por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), que llegó a amenazar con movilizar hasta 50.000 paramilitares de las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) y de todopoderosa patronal, aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif).
Ante esto, los magistrados consideraron que el tribunal no resolvió en su día una recusación planteada en contra de dos miembros de esa judicatura y todas las actuaciones judiciales efectuadas desde el 19 abril hasta el 10 de mayo, día de la sentencia, deberán ser repetidas.
El analista político Roberto Covarrubias Núñez dice a Los Tiempos que la justicia guatemalteca debe pronunciarse cuanto antes y ratificar la sentencia contra Ríos Montt.
“La humanidad, la sociedad y las organizaciones de derechos humanos guatemaltecos están frente a un atropello mayúsculo.
No condenar al exdictador de Guatemala dejará un negro precedente para otros países en donde se están realizando juicios a los principales cabecillas de las dictaduras”, sostiene.
En una primera instancia, Ríos Montt fue acusado a 80 años de cárcel al ser acusado de ser autor intelectual del asesinato de 1.771 indígenas cuando fue gobernante de facto de marzo de 1982 a agosto de 1983.
En el mismo juicio, el antiguo director de Inteligencia Militar, el general retirado José Rodríguez, fue absuelto. Sin embargo, la resolución de la Corte Constitucional también anuló el fallo que favoreció a este militar retirado.
El analista Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana (independiente), señaló al diario El País que la anulación del juicio es una muestra más de la “extrema debilidad del sistema de justicia de Guatemala”.
Por su parte, la organización humanitaria Hijos de Guatemala critica la anulación dictada contra el expresidente de facto.
En su blog http://hijosguate.blogspot.com, la organización hizo conocer que Guatemala está nuevamente ante la injustica, impunidad y el poder de la alianza oligárquico-militar que quiere tapar los crímenes cometidos contra los indígenas ixiles.
“Al estilo de la guerra contrainsurgente, el discurso mediático de empresarios y militares, apostó por aglutinar el pensamiento conservador, racista, xenófobo y reaccionario, afianzado en las corporaciones de comunicación nacionales, denunciaron respecto al veredicto de esa corte”, indica en su blog.
La Avemilgua amenazó con marchar sobre la capital y paralizar el país a base de bloquear las principales vías de comunicación hasta lograr la liberación del viejo caudillo.
Dictadura y dominio elitista
Guatemala tiene una historia larga de una dictadura militar y de la dominación de la élite europeizada en el poder.
El racismo contra los mayas y otros grupos indígenas, como también las divisiones de clase social provocaron una guerra civil de 36 años que con el tiempo se convirtió en un genocidio absoluto contra los mayas.
La transición de Guatemala a la democracia en 1990 fue seguida por las comisiones de derechos humanos, las cuales empezaron una investigación sobre este genocidio, pero nadie ha sido metido a la cárcel por ello.
Ríos Montt fue encontrado culpable de la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché entre 1982 y 1983, cuando gobernó de facto Guatemala tras un golpe de Estado.
OPINIÓN
Fernando Gualdoni
América Latina no renuncia
A pesar de la anulación de la condena por genocidio contra el dictador guatemalteco Ríos Montt, América Latina sigue siendo, con todos sus fallos, una de las regiones del mundo que más se ha esforzado por investigar, juzgar y condenar a quienes violaron el orden constitucional y cometieron delitos de lesa humanidad en sus países.
Argentina fue pionera en los juicios a los responsables de los años de plomo de la última dictadura (1976-1983), incluso puso en marcha el proceso cuando quizá su democracia no estaba lo suficientemente madura para resistirlo. Pero a pesar de sus leyes de amnistía, supo reabrir estos procesos y juzgar a sus criminales. Tal vez Jorge Rafael Videla no pasó en la cárcel todo el tiempo que debía, pero acabó sus días en una celda y no en su cama. Además, Argentina abrió hace poco la causa contra el Plan Cóndor, un juicio que dejará al descubierto la barbarie que supuso el pacto entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay para capturar y matar a sus enemigos.
Chile tardó en juzgar a Augusto Pinochet y su entorno. El dictador entre 1973 y 1990 sí murió en su casa, pero vivió sus últimos días a sabiendas de que él y su familia estaban siendo investigados por enriquecimiento ilícito.
En Uruguay el ajuste con el pasado está aún abierto. En Montevideo se suceden las marchas para exigir justicia por los opositores desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985). Pero la situación no es fácil, la Corte Suprema uruguaya declaró recientemente inconstitucional una ley que impide la prescripción de algunos delitos graves que el Gobierno de José Mujica, un exguerrillero, había excluido de una ley de impunidad promulgada en 1986.
Brasil está lidiando a su manera con una de las dictaduras más longevas (1964-1985). La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff —víctima de la represión ella misma—, estableció en mayo pasado la Comisión de la Verdad que debe determinar en el plazo de dos años responsabilidades sobre los crímenes de lesa humanidad.
En Brasil, como en Uruguay, Argentina o Chile siempre pervivirá la convicción de que los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni se negocian.
Guatemala tiene una historia larga de una dictadura militar y de la dominación de la élite europeizada en el poder.
El racismo contra los mayas y otros grupos indígenas, como también las divisiones de clase social provocaron una guerra civil de 36 años que con el tiempo se convirtió en un genocidio absoluto contra los mayas.
La transición de Guatemala a la democracia en 1990 fue seguida por las comisiones de derechos humanos, las cuales empezaron una investigación sobre este genocidio, pero nadie ha sido metido a la cárcel por ello.
Ríos Montt fue encontrado culpable de la muerte de 1.771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché entre 1982 y 1983, cuando gobernó de facto Guatemala tras un golpe de Estado.
OPINIÓN
Fernando Gualdoni
América Latina no renuncia
A pesar de la anulación de la condena por genocidio contra el dictador guatemalteco Ríos Montt, América Latina sigue siendo, con todos sus fallos, una de las regiones del mundo que más se ha esforzado por investigar, juzgar y condenar a quienes violaron el orden constitucional y cometieron delitos de lesa humanidad en sus países.
Argentina fue pionera en los juicios a los responsables de los años de plomo de la última dictadura (1976-1983), incluso puso en marcha el proceso cuando quizá su democracia no estaba lo suficientemente madura para resistirlo. Pero a pesar de sus leyes de amnistía, supo reabrir estos procesos y juzgar a sus criminales. Tal vez Jorge Rafael Videla no pasó en la cárcel todo el tiempo que debía, pero acabó sus días en una celda y no en su cama. Además, Argentina abrió hace poco la causa contra el Plan Cóndor, un juicio que dejará al descubierto la barbarie que supuso el pacto entre las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay para capturar y matar a sus enemigos.
Chile tardó en juzgar a Augusto Pinochet y su entorno. El dictador entre 1973 y 1990 sí murió en su casa, pero vivió sus últimos días a sabiendas de que él y su familia estaban siendo investigados por enriquecimiento ilícito.
En Uruguay el ajuste con el pasado está aún abierto. En Montevideo se suceden las marchas para exigir justicia por los opositores desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985). Pero la situación no es fácil, la Corte Suprema uruguaya declaró recientemente inconstitucional una ley que impide la prescripción de algunos delitos graves que el Gobierno de José Mujica, un exguerrillero, había excluido de una ley de impunidad promulgada en 1986.
Brasil está lidiando a su manera con una de las dictaduras más longevas (1964-1985). La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff —víctima de la represión ella misma—, estableció en mayo pasado la Comisión de la Verdad que debe determinar en el plazo de dos años responsabilidades sobre los crímenes de lesa humanidad.
En Brasil, como en Uruguay, Argentina o Chile siempre pervivirá la convicción de que los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni se negocian.
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