Entrada a la ZLCColombia ha trazado una estrategia para combatir el contrabando, pero esta postura es considerada como una seria amenaza para el comercio panameño.
De no lograrse a finales de mayo que el país sudamericano flexibilice el arancel de importación cuando se discuta la séptima ronda de negociación para un Tratado de Libre Comercio (TLC), la Zona Libre de Colón (ZLC) seguirá perdiendo dinero.
Miembros de la Asociación de Usuarios (AU) de la ZLC señalan que esta es una medida proteccionista y de carácter fiscal y no aduanero. Incluso supera el tope permitido por la Organización Mundial del Comercio (OMC).
El arancel colombiano no afecta exclusivamente a Panamá, pero sería la segunda ocasión (en 2006 fue la primera vez) que el istmo asistiría a la OMC para mediar con Colombia.
Severo Sousa, expresidente de la AU, recordó que ‘en la última experiencia Panamá perdió millones de dólares, y el proceso tardó de año y medio a dos años’.
Pero aunque tardía (se resolvió en 2009), Sousa cree que es la vía más factible y aunque no detalló, dijo que la querella debe estar acompañada de elementos de coacción por parte de las autoridades.
Sousa reiteró que las bodegas están repletas de mercadería cuyo destino es Colombia. Según explicó, no pueden ser recolocadas en otros mercados fácilmente porque se compran con antelación.
Ya la situación ha generado cifras negativas a la zona franca.
En tanto, Leroy Sheffer, asesor de la AU, dice que ‘sin duda es una clara violación a los principios de la OMC, lo cual empeora cuando se confirma que Colombia en ningún momento ha notificado de situaciones que puedan justificar la adopción de una medida de esta naturaleza, y mucho menos ha demostrado que se ajusta a los compromisos adquiridos ante el mundo’.
Otro sector que se está afectando con la medida es la rotación bancaria, apuntó Sheffer.
A su juicio, la posición de los sudamericanos sigue una política fiscal en lugar de comercial, y además, afecta el derecho de distribución y comercialización.
Desde el pasado 1 de marzo, Colombia estableció una tarifa mixta para la entrada de textiles y calzados confeccionados, donde los importadores colombianos de textiles terminados pagan un 10% sobre el valor de la mercancía y US$5 por kilo bruto; además, por cada par de zapatos también pagará US$5 de arancel.
Según las autoridades colombianas, es la alternativa para evitar la subfacturación y contrabando de mercancías que ingresan de países con los que no tienen TLC, como Panamá.
No obstante, la multiplicación de ambos origina el arancel mixto o compuesto, que en resumen supera el permitido por la OMC.
Posturas
Miembros de la AU señalan que esta es una medida proteccionista y de carácter fiscal. No es una acción de carácter aduanero propiamente. Su efecto específico es generar una directa protección a la industria nacional colombiana, aunque con ello afectan directamente el comercio de países como Panamá, y de manera específica, el movimiento comercial en la zona franca.
Sheffer, quien también fue jefe de Negociaciones Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias, aclaró que con esta acción ‘las autoridades de comercio de Colombia modifican su arancel nacional y gravan las importaciones de estos productos (textiles y calzados), sin que dichas cargas o impuestos se apliquen en la misma medida para los productos similares que se fabrican localmente’.
‘Una cosa es el incremento de aranceles y otra es si es legal hacerlo. Y en este caso, no lo es’, apuntó Sheffer.
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