¿Es Panamá un paraíso fiscal? Panamá se mueve entre un blanco con muchos grises. Los abogados más prominentes en negocios internacionales, el ministro de Economía y Finanzas y la Asociación Bancaria lo niegan rotundamente: ‘Panamá no es ni nunca ha sido un paraíso fiscal’. Sin embargo, países como Ecuador o Argentina todavía tienen al istmo en sus listas negras, y lo cierto es que este vaivén tiene a la opinión pública confundida mientras se desarrolla una batalla por aprobar o no la inmovilización de las acciones al portador en la Asamblea Nacional.
El panorama es este: más de 40.000 sociedades anónimas tienen sede en Panamá, un país cuyos activos financieros generaron en 2012 cerca de US$490.000 millones, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). España, Estados Unidos, Francia, Venezuela, Corea del Sur y Costa Rica, entre otros, se han visto afectados por escándalos de corrupción y evasión fiscal que tienen sello panameño en el pasaporte. La OCDE, mediante el Foro Global, ha solicitado a Panamá que establezca un ‘régimen de custodia’ para las acciones al portador –principal medio para la evasión–, pero Panamá ni siquiera es miembro de este organismo y este organismo no ha remitido esta misma solicitud a otros países que sí lo son y que también poseen acciones al portador (Suiza, Luxemburgo). ¿La amenaza? Volver a colocar a Panamá en la lista gris de la que salió hace dos años.
Los expertos lo resumen así: ‘En 2008, con la crisis, el G-20 agarró la bandera de acabar con los paraísos fiscales, y se volvió un tema de relevancia en la agenda’, explica Frank de Lima, ministro de Economía. ‘Cuando llegan las épocas de crisis es cuando los gobiernos se preocupan por recaudar impuestos’, dice Sara Montenegro, abogada de Mossack Fonseca. ‘Ahora que necesitan recaudar impuestos salen a buscar dónde se han llevado la plata; la transparencia es un argumento pantalla, el fin es impositivo’, agrega Jaime Alemán, abogado de la firma Aleman, Cordero, Galindo & Lee.
Hay dos preguntas y un cuestionamiento: ¿Inmovilizar las acciones al portador supondrá acabar con el blanqueo de capitales en Panamá y le salvará de volver a caer en listas y grises? ¿Influirá esto en la economía panameña? Y más allá de las respuestas: ¿debe Panamá someterse a este requerimiento?
‘No soluciona el problema. La evasión fiscal y el blanqueo de capitales no dejarán de existir, no hay gran diferencia. Al final del día, el delincuente seguirá usando testaferros y sólo un proceso de debida diligencia eficiente, efectivo y permanente es el que te permite establecer quién –o quién no– controla los fondos’, considera Ariadna Rojas, presidenta de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa). Para la especialista, la inmovilización de acciones al portador ‘ya es, sin duda, un estándar internacional. Creo que no adoptar estándares internacionales, aunque tengamos buenas razones para ello, lamentablemente crea la percepción de que Panamá no realiza todos los esfuerzos necesarios para prevenir el blanqueo de capitales’.
En 2009 se crea una Comisión Especial para sacar al país de las listas de paraísos fiscales. Dos años después lo logra. No así con su imagen. Hasta entonces, el centro financiero panameño era el único que operaba en un país que no tenía grado de inversión y que estaba en la lista gris. El pasado mes de mayo, después de una confusión sobre si Francia había vuelto a incluir a Panamá en su lista que después el presidente francés desmintió, la Cancillería panameña anunció que crearía una nueva Comisión para cambiar la percepción internacional del país como paraíso fiscal con el fin de evitar ‘medidas discriminatorias’.
Pero para algunos analistas del tema, como Domingo Latorraca, no es suficiente. ‘Todavía tiene que luchar por librarse de la noción de que somos un territorio donde le facilitamos las cosas a los lavadores y evasores. La verdad es que Panamá ha avanzado mucho; sin embargo, como el eslabón más débil de una cadena, la falta de trazabilidad de las acciones al portador es un elemento de nuestra estrategia que tendremos que confrontar’.
Transparencia o privacidad
El problema radica en que no existe un registro oficial de quién está detrás de las sociedades anónimas que poseen acciones al portador. Pero para algunos abogados como Sara Montenegro, ‘conocer al cliente es parte de la Debida Diligencia; la vía es ir por la Ley 2, que te obliga a conocer a tu cliente, y establecer mecanismos que la hagan más eficiente’. Mon tenegro defiende que el negocio de las acciones al portador no se verá afectado, sino que se trata de una cuestión de soberanía y de cumplir el level playing field o igualdad de condiciones en las negociaciones.
‘De facto, ese proyecto de ley ya se cumple, porque los bancos jamás les entregan a sus clientes las acciones al portador’, agrega Jaime Alemán, quien evalúa que es una cuestión de ‘visión’, ya que Panamá no perderá su ventaja competitiva, ya que con esta reforma se favorecerá la seguridad jurídica. ‘Tener mayor conocimiento de quiénes son los dueños de las acciones al portador es inocuo para Panamá, pero sabemos que nos conviene proyectar una imagen más segura y transparente’.
La fecha no espera, y se prevé que la reunión de pares del Foro Global examine los avances de Panamá en el mes de septiembre. En cualquier caso, abogados y banqueros coinciden en que es más perjudicial regresar a las listas negras que ceder. El ministro Frank de Lima responde:
–Aquí en Panamá ya discriminamos el uso de las acciones al portador.
–¿En qué sentido?
–No puedes abrir una cuenta bancaria con una sociedad en la que tienes estas acciones. Tampoco puedes participar en las licitaciones del Gobierno.
–¿Por qué entonces hay oposición?
–Esa es la pregunta. Si nosotros mismos ya estamos discriminando el uso de las acciones al portador aquí dentro, por qué entonces permitir que terceros puedan usar sociedades panameñas para evadir impuestos, esconder plata ilícita, porque esto no sólo es un tema de transparencia fiscal, este también es un tema de blanqueo de capitales. El Gobierno nacional está trabajando en un anteproyecto de ley para actualizar el régimen del blanqueo de capitales; tiene un componente legal y otro penal.
–¿El debate entonces se da entre transparencia versus anonimato?
–El mundo está globalizado. En Europa el argumento es cómo los reguladores bancarios pueden actuar de manera coordinada para poder evitar crisis bancarias como las que hemos visto en los últimos años. Los países también están tratando de cooperar para reducir el crimen organizado y los tentáculos de los movimientos financieros que ellos tienen, y con los altos déficits que están teniendo, ellos tienen que buscar la forma de cobrar impuestos. Si a nivel interno nosotros estamos tratando de crear una cultura de pago de impuestos, no podemos permitir que sociedades panameñas sean utilizadas para evadirlo en otros países.
‘No sé cómo nadie puede criticar a un país por intentar cobrar impuestos’, opina Alemán. De Lima advierte que en el 65% de los requerimientos de información, los agentes residentes no tienen información de quiénes son los verdaderos dueños de las acciones al portador, ‘y todos los especialistas concuerdan en que la estructura de sociedades panameñas ha sido un impedimento para las investigaciones penales que se han hecho en este país’.
El ministro defiende que cuando saltan casos de corrupción, ‘el que se ve afectado es el país, no la firma de abogados; nadie ve quién es el agente residente, el título siempre es ‘Corrupción en Panamá’’.
Primer paso
Lo que denuncian algunos de los abogados opositores al proyecto es que este constituye sólo el primero de los pasos que exige la OCDE y que, previsiblemente, se irán ampliando. En esa primera fase sólo se evalúa si los países tienen los mecanismos legales para poder tener acceso a la información. En la segunda, se verá si los países en verdad están ejerciendo esa legislación.
Todavía sin un consenso, dentro de la OCDE se debate la posibilidad de exigir una contabilidad de las sociedades. Panamá no requiere los registros contables para empresas que no operen aquí, como tampoco lo hacen otros países como EEUU. Pero para el ministro de Economía, Panamá ‘tampoco debe ser el primer país en moverse y salirse de sus competidores’. Aunque reconoce que ‘es algo que tenemos pendiente, pero no en esta administración’.
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