Los abusos de los arroceros en Costa Rica

Editorial ¿Hasta cuándo esta farsa?

Editorial de El Financiero

Una vez más los grandes industriales del arroz se salen con la suya y ahora logran que un Gobierno complaciente acuerde un impuesto adicional a las importaciones de arroz pilado, elevar el ya de por sí sustancioso arancel de un 36% a un 62,06%, bajo el dudoso argumento de que el arroz proveniente de Uruguay y Argentina es una amenaza grave para la producción nacional.

Esta medida se suma a la existencia de un régimen de producción, comercialización e importación atroz, que otorga jugosos beneficios para unos pocos en detrimento de una gran cantidad de consumidores, según han demostrado diversos estudios independientes.

Tanto que se habla de una supuesta preocupación por la inequidad, la desigualdad y la justicia social, pero a las autoridades no les tiembla la mano para cargar sobre las espaldas de los consumidores más pobres el peso adicional de una salvaguardia que afecta uno de los bienes de la canasta básica. Se sabe que los dos quintiles más pobres de la población consumen casi el 50% del arroz, que ellos dedican un alto porcentaje de sus escasos ingresos para tratar de satisfacer sus necesidades alimentarias, y que el arroz representa una parte importante de su ingesta calórica, de forma que tarde o temprano quien terminará pagando esta salvaguardia será el sector más desposeído del país.

Y esto con el propósito de proteger las pingües ganancias de un puñado de empresarios que gustan de servirse con la cuchara grande. Porque ya es hora de dejar de engañar a la gente haciéndole creer que se trata de pequeños productores agrícolas los que se verían beneficiados. Eso es solo una mampara. Todos los informes técnicos concluyen lo contrario y señalan que el 90% de los beneficios de este nefasto régimen se quedan en las arcas de seis grandes empresas. El esquema permite incluso que los agroindustriales que hoy piden más protección se hayan visto favorecidos con la posibilidad de importar, ellos mismos, arroz a precios internacionales y exentos del pago de impuestos para después venderlo en el mercado local a precios mucho más altos, obteniendo con ello jugosas utilidades. Con la salvaguardia, lo que lograrán es impedir que terceros puedan importar, competir con aquellos y bajar los precios, asegurando de esa manera que los beneficios sigan concentrados en unos pocos.

Una medida de salvaguardia solo debe adoptarse cuando claramente sea de interés público su aplicación. ¿Qué interés público puede haber en que los sectores más pobres de la población soporten el alto costo que significa proteger a unos cuantos ricos? ¿Cómo puede justificarse que se imponga un impuesto adicional que juega con el hambre de miles de familias? En lugar de aumentar los odiosos privilegios existentes, el Gobierno debería retomar el proceso que tímidamente sugirió la administración anterior para desmantelar este injusto esquema, incluyendo el sistema de fijación de precios que, en vez de favorecer realmente a los consumidores, ha terminado garantizándole los ingresos a los más grandes.

Bajo el populista tema de la soberanía alimentaria, sector y Estado han abusado por años de los consumidores y los contribuyentes al crear un tinglado de políticas que han impedido la competencia y afectado la eficiencia de los productores. La salvaguardia acordada solo agrava la situación. ¿Hasta cuándo seguiremos con esta farsa?