Ejército asume administración de tierra ligada a guanacasteca María Ocampo
Nicaragua quita finca fronteriza a familia de diputada del PLN
Cancillería tica protestó por el caso ante el Gobierno de Daniel Ortega
Procuraduría nica alega que hacienda está dentro de su franja de seguridad
El exdiputado Luis Román Trigo, esposo de la legisladora
liberacionista María Ocampo, recibió una carta del Gobierno de Daniel
Ortega el viernes 24 de febrero del 2012.
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Membretada con el eslogan “El pueblo, presidente!”, la
misiva contenía un aviso sobre una finca de 500 hectáreas que la familia
Román Ocampo poseía en Nicaragua, junto a la frontera con Costa Rica.
La
carta decía: “En virtud de lo estatuido en la Ley 749 (Ley de Régimen
Jurídico de Fronteras), la cual es de orden público y de interés supremo
de la nación, las referidas propiedades por estar ubicadas en las zonas
denominadas de seguridad fronteriza, han pasado a la tutela del Estado y
en Administración del Ejército de Nicaragua. Fraternalmente, Hernán
Estrada, procurador general de la República”.
Dicho y
hecho, la finca conocida como El Naranjo, comprada en 1992 por esta
familia de políticos y empresarios guanacastecos, pasó a la custodia
del Ejército nicaraguense. Los empleados debieron salir de la hacienda y
al exdiputado (1994-1998) le dieron chance para vender las reses que
allí tenía.
Los Román Ocampo, figuras cercanas al
Gobierno de Laura Chinchilla, reclaman que no existió un trámite previo
de expropiación y que, más de un año después, tampoco se les ha
indemnizado.
Hárold Rivas, embajador de Nicaragua en
San José, aceptó el jueves una entrevista sobre el tema, pero luego una
asistente llamó para cancelarla. Dijo que el diplomático no se
referiría al asunto.
La finca El
Naranjo mide siete veces el tamaño del Parque Metropolitano La Sabana.
Limita al oeste con el océano Pacífico y al sur, a lo largo de 2,5
kilómetros, con la frontera con Costa Rica.
La Cancillería costarricense intervino el 30 de abril del 2012 con con una “enérgica protesta” a la Cancillería nicaraguense.
El
vicecanciller, Carlos Roverssi, alegó que Nicaragua no respetó su
Ley de Expropiaciones ni el derecho a la propiedad privada establecido
en la Convención Americana de Derechos Humanos. La nota de protesta no
tuvo respuesta alguna.
Ocampo dijo que trataron de no
involucrar su condición de diputada en el lío, pero admitió que en
diciembre se “coló” en la delegación diplomática que viajó a una cumbre
en Managua para entregar una carta a la esposa de Daniel Ortega,
Rosario Murillo.
Zona de seguridad. En
diciembre del 2010, al calor del conflicto por isla Calero, Nicaragua
aprobó la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, la cual prohíbe a los
extranjeros comprar tierras en una franja de cinco kilómetros de ancho
paralela a las fronteras. El Naranjo está dentro de esa “zona de
seguridad”.
Román alega que la ley protege los
derechos de quienes compraron antes: “Yo simplemente creo que el
Gobierno está en todo su derecho de expropiarme, pero yo en el derecho
de que me indemnicen”.
El liberiano dijo que
verbalmente la Procuraduría le ofreció terrenos en Chontales (noreste
del lago de Nicaragua), pero él los rechazó.
En una nota publicada en el medio digital El 19, de Nicaragua, el procurador dijo que Román tenía un título de reforma agraria falso.
Según
el exdiputado, Estrada nunca citó ese argumento cuando habló con él
sobre los rumores de que el Gobierno quería la finca.
Román
relató que la finca fue comprada por el Gobierno sandinista en 1979
para entregarla a cooperativistas, los cuales luego le vendieron a un
nicaraguense que, años más tarde, le vendió a él.
Añadió
que, en el 2010, él donó un lote de 1.842 metros cuadrados al
Ejército para que instalara un puesto fronterizo y que, en el 2011, la
Policía local le ayudó a sacar unos invasores que dijeron ser incitados
por la Procuraduría.
Los Román Ocampo planean pelear el caso al amparo del TLC entre el Istmo y Estados Unidos.
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