El gobierno de Guatemala se declaró listo para pagar
una indemnización millonaria y recuperar el control del sistema
ferroviario, abandonado tras su adquisición por una empresa
estadounidense.
El gobierno anunció que pagará a la estadunidense Railroad Development Corporation (RDC), casa matriz de la firma guatemalteca Ferrovías, una indemnización de US$14.6 millones.
La indemnización fue establecida por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión (CIADI) con sede en Washington.
La CIADI, que resolvió en contra del Estado de Guatemala en un pleito legal por la propiedad de la entidad, dictaminó en febrero pasado el pago de la indemnización, según la demanda de la RDC.
El sistema ferroviario del país fue privatizado durante el gobierno del presidente Álvaro Arzú (1996-2000), pero la gestión del presidente Oscar Berger (2004-2008) declaró la venta como lesiva para la nación.
Mientras transcurrió la disputa legal, la empresa de ferrocarriles local quedó abandonada.
La firma estadunidense no pudo llevar a cabo sus proyectos y las autoridades guatemaltecas tampoco la utilizaron.
Pérez Molina indicó que durante este mes su gobierno pagará la compensación y entonces se recuperará el activo de la entidad ferrocarrilera a favor del Estado de Guatemala.
La ministra de Finanzas, María Castro, confirmó que el gobierno realizará el pago de los US$14.6 millones con una partida especial dispuesta para poner fin al proceso legal.
El representante legal de Ferrovías, Juan Pablo Carrasco, coincidió en que cuando la empresa estadunidense reciba el pago finalizará el proceso legal y no habrá lugar para ningún reclamo.
De esta manera, el gobierno de Guatemala retomará su papel de accionista mayoritario de Ferrovías, empresa que tiene la concesión del derecho ferroviario.
Según una dependencia encargada del desarrollo de proyectos de infraestructura del país, se estudia un sistema de transporte colectivo para la ciudad y su zona metropolitana con base en las instalaciones de la ex empresa ferrocarrilera estatal.
En 2008, los directivos de RDC presentaron la denuncia contra Guatemala, por considerar que se violaron normas del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA).
La decisión del gobierno del presidente Berger de declarar lesiva la privatización del sistema ferroviario fue considerada por los empresarios estadounidenses como "expropiación indirecta".
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