La joya de la corona de esta iniciativa es la "Cuarta
Generación de Concesiones Viales (4G)", que consta de 47 proyectos por
un total de US$25.000 millones en el transcurso de ocho años.
De esta manera el Gobierno aspira a sacar a Colombia del puesto 126 que ocupa a nivel mundial en calidad de vías, según el Informe de Competitividad Global 2012-2013 del Foro Económico Mundial.
La primera parte de ese ambicioso programa fue lanzada esta semana por el presidente Juan Manuel Santos y el titular de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, con la apertura de nueve procesos de licitación para construir un total de 1.234 kilómetros de carreteras cuyo valor asciende a 11 billones de pesos (unos US$5.840 millones).
"Eso constituye, sin duda alguna, el proyecto más ambicioso que ha tenido el país en toda su historia y por mucho. Tal vez es el proyecto más grande y más ambicioso que se está poniendo en marcha en América Latina", manifestó Santos en el lanzamiento de estas concesiones en la que han manifestado interés en participar 69 empresas, cerca de la mitad de ellas colombianas pero también de España, Brasil, Chile, México y Estados Unidos.
En este modelo tendrán especial importancia las asociaciones público-privadas pues los contratistas primero elaborarán los diseños de la vías y recibirán las licencias ambientales para luego sí poder construirlas y empezar a cobrar peajes.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, subrayó esta semana en un foro en Bogotá que para que Colombia sea un país exitoso en los próximos 20 años debe ver la competitividad a largo plazo con una visión que integre la participación público-privada.
Un reciente estudio de la consultora Serfinco señaló que la participación de la inversión privada en la construcción de infraestructura se ha incrementado en los últimos diez años, pasando de 0,1% en el 2000 al 1% en el 2011, pero para que sea más dinámica se necesita una mayor eficiencia del Estado en temas como agilidad de las entidades contratantes para la adjudicación de concesiones y los tiempos para la entrega de licencias ambientales, entre otros.
En cualquier caso, el objetivo del Gobierno con esta revolución en las carreteras es superar el rezago en infraestructuras que afecta negativamente la competitividad del país, inmerso en un proceso de conquista de mercados.
Esa política ha tomado fuerza durante el actual Gobierno con los acuerdos comerciales firmados con Estados Unidos, la Unión Europea (UE), Corea del Sur, Panamá, Costa Rica, Canadá e Israel, entre otros, así como con la creación de la Alianza del Pacífico de la que forman parte Colombia, Perú, México y Chile.
El atraso de Colombia en infraestructuras no se da sólo con países desarrollados sino con sus propios vecinos, pues en un cálculo de Serfinco sobre vías pavimentadas por cada 100 kilómetros cuadrados, el resultado de Colombia fue 1,2, menos de la mitad del promedio de América Latina, que alcanzó 2,5, y a años luz de distancia de la media de 50,3 de los países de Asia del este y del Pacífico.
Las consecuencias del "cuello de botella", como ha llamado Santos al atraso del país en su red de carreteras las ha constatado la Cámara Colombiana de la Infraestructura, según la cual el costo de transportar un contenedor por tierra desde Bogotá hasta el puerto de Cartagena, ciudades distantes unos mil kilómetros, es de 3.200 dólares, mientras que llevarlo de Cartagena a Shangai (China), en el otro lado del mundo, cuesta la tercera parte.
De concretarse este plan de transformación de las carreteras el beneficio no será sólo para el comercio internacional del país sino para el conjunto de la economía, pues además de la ganancia en competitividad, el Gobierno calcula que durante la fase de construcción se generarán cerca de 400.000 empleos en zonas rurales de 24 de los 32 departamentos del país.
En el conjunto del Producto Interior Bruto (PIB), estas millonarias inversiones aportarán el 1,5 % durante la fase de construcción de las vías y cerca del 1 % cuando entren en operación, un resultado nada despreciable para un país que este año aspira a crecer más del 4 %.
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